Boletín de Derecho Laboral Diciembre 2014

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Boletín de Derecho Laboral Diciembre 2014

A-    Novedades jurisprudenciales

 

1-      Sistema Integrado Previsional Argentino. Ex régimen de capitalización. Inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425. Afectación al principio de propiedad.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos caratulados: “Villareal, Mario Jesús c/ PEN-PLN y Máxima AFJP s/ Amparo” declaró la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425, el cual consagra el derecho de los afiliados que hubieran realizado aportes voluntarios al derogado régimen de capitalización, a transferir esos fondos a la ANSES para mejorar su haber previsional o bien, a transferirlos a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que hayan modificado su objeto social para ese fin.  En consecuencia, el Máximo Tribunal de la Nación ordenó la restitución de las sumas aportadas por el actor al referido sistema.

 


 

El actor, interpuso acción de amparo contra el (i) Poder Ejecutivo Nacional, (ii) el Poder Legislativo y (iii) Máxima AFJP, por medio del cual solicitó la restitución de los importes depositados en concepto de aportes voluntarios en su cuenta de capitalización individual. A tal efecto peticionó se declare la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425 por resultar violatorio de su derecho de propiedad, toda vez que su falta de reglamentación le impidió al actor ejercer la opción prevista en la normativa

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había revocado la sentencia de primera instancia, rechazando así la acción de amparo incoada, por considerar que en los hechos no existió vulneración a derecho constitucional alguno, toda vez que la disponibilidad de los fondos ingresados al sistema de capitalización se encontraba sujeta a las condiciones establecidas por el plexo legal aplicable, sin que se encontrara prevista la devolución en efectivo pretendida por el accionante. Ante dicha circunstancia, el actor interpuso recurso extraordinario federal, el cual fue concedido por la Cámara.

 

De esta forma, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideraron que la falta de una adecuada reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del artículo 6 de la Ley N° 26.425, le provocó al accionante la imposibilidad manifiesta de acceder a los fondos ingresados al sistema de capitalización. Dicha situación conllevó a que el Estado Nacional se enriqueciera a costa del actor sin causa legal que lo justificara, toda vez que los aportes realizados al régimen de capitalización quedaron en poder del Estado.

 

Adicionalmente manifestó la Corte que la autoridad pública tenía un claro mandato legal a reglamentar adecuadamente el artículo 6 de la Ley N° 26.425, circunstancia que fue desoída por un tiempo considerablemente irrazonable desde la promulgación de la norma en diciembre de 2009.

 

Así las cosas, la mayoría de los integrantes de la Corte reconocieron que: “…sólo resulta posible en el caso remediar la violación de los derechos particulares, declarando la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425 en razón de su inoperatividad atento a que la Administración omite expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Corresponde, en consecuencia, la devolución de los fondos oportunamente depositados como única manera de enmendar la situación de omisión normativa que ha causado la violación de los derechos constitucionales de la parte actora…”

 

2-      Asociaciones sindicales. Sindicato simplemente inscripto. Falta de personería gremial. Tutela sindical revisor de cuentas suplente.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos caratulados: “Codina, Héctor c/ Roca Argentina S.A. s/ L. 23551” revocó el fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el cual había negado al actor la protección especial prevista en la Ley N° 23.551, con motivo a que el accionante se había desempeñado como revisor de cuentas suplente de un sindicato simplemente inscripto.

 

Con motivo al despido injustificado, el actor  inició demanda reclamando el pago de la indemnización agravada establecida en el artículo 52 de la Ley N° 23.551, reconocida sólo para delegados de asociaciones sindicales con personería gremial.

 

El reclamo del actor fue rechazado en primera instancia bajo el argumento de que la ley de asociaciones sindicales no ampara a los dirigentes de los sindicatos simplemente inscriptos ya que solamente contempla la protección especial –materializada en una indemnización agravada- para quienes pertenecen a las asociaciones que gozan de personería gremial. El actor al apelar el fallo, sostuvo que el privilegio otorgado por la Ley N° 23.551 sólo a las asociaciones sindicales con personería gremial resulta inconstitucional. La Cámara rechazó la apelación sosteniendo que en el escrito de demanda no se había cuestionado expresamente la validez constitucional del régimen establecido por la ley de asociaciones sindicales.

 

La posición mayoritaria de la Corte revocó las decisiones de las instancias inferiores y remitió al precedente “Rodriguez Pereyra”, donde el Máximo Tribunal sostuvo que aunque en la demanda no se haya formulado una petición expresa, los tribunales siempre tienen el deber de declarar la invalidez de aquellas normas legales que se opongan a la Constitución Nacional.

 

3-      Derecho a la libertad religiosa. Facultad de organización y dirección de la empresa. Justificación de despido indirecto.

 

La Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en autos caratulados: “B.R.E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.) s/ Despido” resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la demandada contra la sentencia de Primera Instancia que hizo lugar parcialmente la demanda promovida por la actora.

 

El Tribunal entendió que resultó justificado el despido indirecto en el que se colocó la accionante como respuesta a las sucesivas suspensiones sin goce de haberes que le aplicó su empleadora con fundamento en la negativa de la actora a prestar servicios durante los días sábados, en virtud de su adscripción a la “Iglesia Adventista del Séptimo Día”, culto según el cual no les está permitido a sus fieles por mandato bíblico trabajar desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado.

 

Los integrantes de la Suprema Corte Provincial resolvieron que el recurso de inaplicabilidad de la ley debía ser desestimado toda vez que en la sentencia recurrida se efectuó una prudente valoración de las causales invocadas para denunciar el contrato de trabajo por parte de la trabajadora.

 

Así las cosas, los magistrados consideraron que el conflicto suscitado entre las partes tuvo como núcleo central una situación que confrontaba el derecho a la libertad religiosa por un lado y las facultades del empleador de organización y dirección de la empresa, por el otro.

 

Los magistrados merituaron que del intercambio telegráfico mantenido entre las partes, surge que la actora en reiteradas oportunidades objetó la exigencia de su empleador de trabajar los días sábados por motivos religiosos, no obstante lo cual, ofreció alternativas que suplieran su negativa de modo de no afectar la actividad empresarial de la empresa demandada.

 

En concreto, los magistrados sostuvieron que el Estado ha dictado distintas leyes que consagran el derecho de observar días de descanso, de celebrar o conmemorar festividades y ceremonias de acuerdo con los rituales religiosos mayoritarios. Consideraron que ello permite concluir que del ordenamiento jurídico nacional se desprende el respeto por la creencia de que determinados días de la semana o fechas deben ser exclusivamente dedicados al descanso para los creyentes de determinadas religiones. Asimismo consideraron que si bien es cierto, que el Estado no ha dictado normativa alguna que regule el caso de los adeptos a la Iglesia Adventista, podría decirse que aquél se ha inclinado en aceptar tales prácticas.

 

Así las cosas, entendieron que el hecho de exigirle a la trabajadora que preste tareas los días sábados conlleva a que el empleador tenga que demostrar la existencia de circunstancias particulares que la eximan de respetar su libertad religiosa, circunstancia que en autos no fue debidamente acreditada. Se sostuvo que: “…a la demandada le correspondía cargar con la prueba de que la presencia y prestación de tareas por parte de la actora le resultaba insustituible o de que, ante el conflicto de derecho suscitado, su interés resultaba superior o prioritario y que, en función de ello, debía ser restringida la libertad de la trabajadora”, circunstancia que en el expediente no fue debidamente acreditada por la demandada.

 

B-    Novedades normativas

 

1-      Riesgos del Trabajo. Aseguradoras de riesgos del trabajo y empleadores autoasegurados.

 

(i) El 09 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Disposición N° 5/2014 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por medio de la cual se creó el procedimiento para que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (“ART”) y los empleadores autoasegurados remitan, a través de los servicios web publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la información en el marco de los trámites que deban intervenir las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.

 

(ii) El 11 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución N° 3.326/2014 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a través de la cual se creó el “Registro Nacional de Accidentes Laborales” (“RENAL”) ante el cual las ART y los empleadores autoasegurados deberán denunciar los accidentes de trabajo que padezcan sus asegurados. Adicionalmente se aprobaron los procedimientos para la denuncia y para la solicitud de baja de accidentes de trabajo al RENAL. Las disposiciones contenidas en la Resolución, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

 

2-      Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Otorgamiento de jerarquía constitucional.

 

El 22 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.044 por medio de la cual se le otorgó jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22) de la Constitución Nacional a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378. La Convención, en su artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral inclusivo y accesible.

 

Quedamos a disposición de Uds. por cualquier consulta o aclaración sobre el particular.

 

Saludos cordiales,

                                Pablo Mastromarino