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Corporate Law

Through our Department of Corporate Law we advise our clients on the wide variety of matters that can come up in this area.

from the organization and registration of local and foreign corporations to advise on the formation and formalization of corporate structures for the carrying out of investments in the country that suitably adapt to their business interests, as well as all the problems that can arise in everyday corporate dynamics.

The areas of practice include, among others:

  • Registration law. Organization and registration of local and foreign corporations
  • Foreign investment Purchase and sale of stake of capital stock.
  • Shareholders agreements and operating agreements
  • Initial Public Offering processes
  • Corporate reorganization processes Mergers and acquisitions.
  • Structuring and negotiation
  • Structuring of capital stock
  • Acquisition and sale of assets
  • Corporations subject to special controls due to the conduction of regulated activities (banking and financing activity, public utilities, insurance, games, etc.)

The practice of the team of professionals in this field includes litigations connected to the exercise of corporate law in the pre-judicial and judicial stages, to which purpose it works together with the Litigation Department.

Resolución 646/15 de la Comisión Nacional de Valores

Resolución 646/15 de la Comisión Nacional de Valores

Por Alexia Rosenthal, Rocío Carrica e Ignacio Nantes

Con fecha 21 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de Valores ha dispuesto la emisión de la Resolución General N° 646, mediante la cual establecen nuevos criterios de valuación de valores negociables en moneda extranjera para los Fondos Comunes de Inversión.
La nueva Resolución, publicada en el Boletín Oficial el 25 de septiembre de 2015, y en vigencia desde dicha fecha, remarca en sus considerandos que hasta el día de la emisión de la Resolución los Agentes de Administración de Fondos Comunes de Inversión podían valuar los valores negociables adquiridos dentro del mercado local en una moneda distinta a la de emisión de esos valores. Al no encontrarse regladas dichas valuaciones, la utilización de distintos criterios traía aparejado, a consideración de CNV, una falta de transparencia y una posible distorsión del monto que resulta de la valoración de las carteras de inversiones de los Fondos y, por consiguiente, del valor diario de la cuotaparte.
En consecuencia, a fin de alcanzar el mayor grado de uniformidad posible en los criterios de valuación implementados por los Agentes de Administración para activos en cartera de similares características, se decide eliminar la discrecionalidad puesta en cabeza de los citados agentes para la valuación de los activos mencionados. En tal sentido, CNV impone la revisión del criterio actual y se elimina la posibilidad de valuar activos en monedas distintas a las de su emisión, ello con la finalidad de evitar que se produzcan distorsiones en el mercado.
El artículo 1 de la Resolución ordena “sustituir el tercer párrafo del artículo 20 de la Sección II del Capítulo I del Título V y el tercer párrafo de la Sección 3. del Capítulo 4 del artículo 19 de la Sección IV del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.); que establecían que: “Los valores negociables que se negocien exclusivamente en el exterior, deberán ser valuados considerando los mismos requisitos que los valores negociables de similares características (Acciones, Obligaciones, Títulos Públicos, Derivados, etcétera) que se negocien en la República Argentina. Dichos valores negociables se deberán valuar de acuerdo al tipo de cambio comprador del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA aplicable a las transferencias financieras.”; por la nueva redacción que se transcribe a continuación: “Todos los valores negociables que se negocien en los mercados extranjeros o los subyacentes de los activos que estén constituidos por valores negociables que se negocien en el exterior deberán ser valuados en la misma moneda en que hayan sido emitidos, siempre y cuando ésta sea la misma moneda de pago, tomando como referencia el precio de mayor relevancia en la plaza exterior o bien el precio en dólares de la plaza local cuando no exista cotización en el exterior. A los fines de dicha valuación se deberá utilizar el tipo de cambio comprador del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, aplicable a las transferencias financieras.”
De esta forma, los títulos nominados y pagaderos en moneda extranjera deberán ser valuados por los Agentes de Administración de los Fondos Comunes de Inversión tomando su cotización en dólares estadounidenses y traduciéndola a pesos argentinos según el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina para transferencias financieras.

Se suman cuatro nuevos socios a Tanoira Cassagne Abogados

En octubre de 2015, Tanoira Cassagne Abogados incorporó a los siguientes cuatro socios: Santiago J. Monti, José María Cier, Fernando Aldazabal Carrillo y Norberto Ignacio Regueira.

Con estas incorporaciones, el Estudio fortalece principalmente sus áreas de Derecho Corporativo, Litigios y Concursos y Quiebras e incorpora dos importantes áreas como la de Petróleo, Gas y Energías Alternativas y el área del Derecho del Entretenimiento y Medios. Los nuevos socios tienen amplia experiencia y sólida formación en sus especialidades.

Santiago J. Monti se especializa en Derecho Corporativo, Arbitraje y Litigios. Cursó el Programa sobre US Business Law, dictado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos (2001). Ha sido co-autor de libros referidos a temas de su especialidad, y publicado diversos artículos y ponencias. Fue Profesor adjunto de Derecho Societario Profundizado, en el Master en Derecho de la Empresa dictado por la Universidad de Palermo; Profesor adjunto de Derecho de la Empresa y Sociedades, en la Facultad de Derecho, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; y de Derecho Comercial, en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Participó como profesor invitado en cursos de post-grado de la Universidad de Buenos Aires. Su práctica está focalizada en el asesoramiento y ejecución de operaciones de M&A, asuntos societarios y arbitrajes y litigios comerciales. En tal sentido, ha asesorado a inversores locales y extranjeros, en operaciones de venta y de compra participaciones societarias y fondos de comercio, ha intervenido en importantes procesos de reorganización societaria de empresas extranjeras y locales, incluyendo fusiones, escisiones y joint-ventures. Asimismo, ha actuado en arbitrajes bajo las reglas ICC, como así también en arbitrajes tramitados ante el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y bajo las reglas del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje.

José María Cier, especialista en Derecho Empresario, Petróleo y Gas. Ocupo diversos cargos públicos de relevancia. Participó de las Jornadas de Derecho Petrolero, Mar del Plata, 1987. Expositor ciclo Nuevas Políticas Petroleras organizado por la Universidad de Buenos Aires, Subsecretaría Energía Ministerio Obras y Servicios Públicos e Inst. Energía Gral. Mosconi. Participante: Seminario Comercialización Internacional de Productos Químicos y Petroquímicos, Inst. Petroquímico Argentino, 1991; 13 Congreso Mundial del Petróleo. Ex Miembro: International Bar Association (Sec. Energía); Grupo de Trabajo en Energía, U.B.A. Asesor Jurídico de Hiparsa durante el proceso de provincialización de Hipasam (Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera).  Fue además Presidente de la Fundación Libra, premiada por el CPR Institute for Dispute Resolution de Estados Unidos, con el Special Award for Excellence and Innovation in Alternative Dispute Resolution, en reconocimiento a su labor de pionera en la Introducción de la Mediación en Argentina y por el apoyo brindado al desarrollo del Plan Nacional de Mediación; y con la distinción de la Sociedad de Profesionales en Resolución de Disputas Premio Mary Parker Follet USA por la innovación y excelencia en el desarrollo de la RAD. Ha sido árbitro de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Fernando Aldazabal Carrillo es especialista en Derecho Corporativo, Medios y Derecho del Entretenimiento. Master en derecho empresario. Universidad Austral. Asesor legal de empresas, con particular experiencia en la elaboracin de contratos, prevención de conflictos, cuestiones vinculadas con la ley de lealtad comercial y defensa del consumidor. Participo en varias operaciones de M&A. Se especializa en Derecho del Entretenimiento. Ha participado en el asesoramiento integral (contratación de artistas, sponsoreo, venues, media, habilitaciones, clausuras de estadios, etc.) de las producciones de espectáculos artísticos más grandes e importantes que fueron desarrollados en el país y en países limítrofes en los últimos 15 años. Participó también en el asesoramiento legal integral de obras musicales de Broadway y presentaciones de la compania canadiense Cirque Du Soleil. Asesor legal de las ticketeras que tienen mayor volumen de ventas de entradas en el país. Tuvo a su cargo las negociaciones y redacción de contratos de naming de venues para teatros y estadios. Asesor legal en cuestiones de uso de imagen y campañas publicitarias de productos de uso masivo. Asesor de empresas de medios y multimedios. Asesor de agencias de publicidad, marketing y marketing digital en la Región. Es abogado de empresas de marketing deportivo y ha participado en la negociación y asesoramiento legal en torneos internacionales de golf (PGA de las Américas y European Challenge Tour) en México y Argentina.

Norberto Ignacio Regueira es especialista en Derecho Corporativo y Litigios. Realizó estudios de posgrado en Asesoría Jurídica de Empresas, Negociación y Estrategia. Asesora a empresas del sector de catering y a la Cámara que las representa. Tiene a su cargo las negociaciones de convenciones colectivas con los sindicatos de la actividad y la redacción de convenios. Asesora empresas del sector juego, en las áreas de casinos, bingos, hipódromos, loterías. Se desempeña como abogado de síndicos en el área de concursos y quiebras por ante la Justicia Nacional en lo Comercial. Atiende empresas en crisis. Tiene a su cargo programas de Industrias Culturales, recibiendo consultas de asociaciones civiles (Sociedad Argentina de Escritores, Centro de Estudios Gardelianos) y Museos. En vínculo directo con estas cuestiones brinda apoyo a empresas sobre la aplicación de la Ley de Mecenazgo en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tanoira Cassagne Abogados y Linklaters LLP New York asisten a ICBC Dubai en un préstamo otorgado a YPF S.A

YPF S.A., la mayor empresa petrolera de la Argentina, recibió el 7 de julio de 2015 una prefinanciación de exportaciones por un monto de Dólares Estadounidenses ochenta millones (USD 80.000.000), de parte de Industrial and Commercial Bank of China Dubai (DIFC) Branch.

La prefinanciación de exportaciones se enmarca en lo regulado por la Comunicación “A” 4443, más específicamente en el punto 6 de la misma.
Linklaters LLP New York y Tanoira Cassagne Abogados actuaron como asesores externos de Industrial and Commercial Bank of China Dubai (DIFC) Branch.

El equipo de Tanoira Cassagne Abogados estuvo liderado por la socia Alexia Rosenthal, con la asistencia de los asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.

Por su parte, el equipo de Linklaters estuvo liderado por el socio Conrado Tenaglia y los asociados Matthew Haist, Peter Qiu y Mina Whangbo.
YPF S.A. contó con asesoramiento legal interno, a través de los Dres. Fernando Gómez Zanou y Francisco Lucas Gaspari.

Tanoira Cassagne asesora a Grupo Cohen y a Rosental Inversiones en la creación de Integra Pymes SGR

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Grupo Cohen y Rosental Inversiones en la creación de Integra Pymes SGR.

La nueva Sociedad de Garantía Recíproca obtuvo la correspondiente autorización de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación en fecha 19 de noviembre de 2015 y se estima que comenzará a operar a partir de los primeros días de enero de 2016.

Integra Pymes SGR, que tendrá oficinas de atención comercial en Buenos Aires y Rosario, contará con un Fondo de Riesgo de hasta cien millones de pesos y ofrecerá a sus socios partícipes garantías de tipo financieras contribuyendo así crecimiento y desarrollo de las Pymes.

Asesoramiento a Grupo Cohen y Rosental Inversiones como promotores de Integra Pymes SGR:

Tanoira Cassagne Abogados, Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Tanoira Cassagne asesoraron en la emision de la Clase II de Titulos de Deuda de la Provincia de Mendoza por V/N $ 149.180.000, con vencimiento en 2016

La Provincia de Mendoza (la “Provincia”) concretó la emisión de la Clase II de Títulos de Deuda por $ 149.180.000 (los “Títulos”) con vencimiento en 2016 y garantizados con la cesión de fondos de la coparticipación federal de impuestos. Los Títulos devengarón una tasa de interés fija del 26,6250% durante los primeros nueve meses de vigencia y a una tasa variable durante los nueve meses subsiguientes, compuesta por la Tasa Badlar Bancos Privados más un margen del 5,49%.

Los Títulos fueron emitidos por la Provincia el 22 de abril de 2015 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por un valor nominal de hasta $1.806.870.000.

La garantía fue instrumentada mediante la constitución de un fideicomiso en garantía creado por contrato celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se han cedido derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.

El capital de los Títulos será amortizado trimestralmente en 3 cuotas equivalentes al 33% del capital en el caso de la primera y segunda cuota y al 34% del capital en el caso de la tercera cuota; pagaderas a partir del 22 de abril de 2016. Asimismo, los intereses se pagarán en forma trimestral, estando la primera fecha de pago de intereses programada para el 22 de julio de 2015.

La Provincia utilizará los fondos obtenidos por la colocación de los Títulos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de la Provincia N 8.701 para el año 2014 y la reconducción presupuestaria dispuesta por el Decreto Provincial N 2.413/14.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Provincia como a Banco de la Provinicia de Buenos Aires, en su carácter de organizador y colocador principal, y a Puente Hnos. S.A. y Provincia Bursátil S.A., ambos en su carácter deco-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove, asistidos por las asociadas María Belén Arlotti y Nicolasa Baena.

Adicionalmente, la Provincia fue asistida por los Dres.Raúl Martinez Appiolaza y Federico Castellano.
Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento del equipo liderado por Joaquín Pozzo y asistido por sus abogados internos Ana Paula Dandlen y Eduardo Segura.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Deutsche Bank S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso en garantía, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y los asociados Rocío Carrica, Martin Colombres y Martín Aguilar.

Fuente: http://www.abogados.com.ar/tavarone-rovelli-salim-miani-y-tanoira-cassagne-asesoraron-en-la-emision-de-la-clase-ii-de-titulos-de-deuda-de-la-provincia-de-mendoza-por-vn-con-vencimiento-en-/16460

Zang Bergel & Viñes Abogados asesora a Banco Hipotecario en emisión internacional

Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 29, por un monto de US$ 200 millones con vencimiento en 2020, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos).

Adicionalmente, las firmas asesoraron a Banco Hipotecario en la oferta pública de las Obligaciones Negociables remanentes de la Serie 5 con vencimiento en 2016, por US$ 122.652.000, equivalente a aproximadamente 58,11% del monto total de dichas obligaciones negociables.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itaú BBA USA Securities, Inc. actuaron como compradores iniciales de las ON en el tramo internacional, mientras que Banco Itaú Argentina S.A. actuó como colocador local y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como co-colocador local.

Estas transacciones representan el regreso de Banco Hipotecario a los mercados internacionales de crédito luego de casi diez años de ausencia.

Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.
En Buenos Aires:
Zang, Bergel & Vi�es Abogados
Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciart�a y María Eugenia Benitez.

En Nueva York:
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Socios David L. Williams y Jaime Mercado, Asesora Senior Kirsten L. Davis, Asociados Rodrigo Surcan dos Santos y Alejandro Mil� Valle y asociado internacional Edgard Pascarelli.

Asesores legales de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc.
En Buenos Aires:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Hugo N. L. Bruzone, y asociados Alejandro Perelsztein, Javier Swiszcz y Agustin Bauer.

En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP
Socia Antonia Stolper, y asociados Kevin Younai y Alejandro Garcia.

Asesores legales de Deutsche Bank S.A. / Deutsche Bank National Trust Company
En Buenos Aires:
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal, y asociados Rocio Carrica e Ignacio Nantes.

En Nueva York:
Perkins Coie LLP
Socio Ronald T. Sarubbi y Asesor Senior Michael Fruchter

Boletín de Derecho Laboral Diciembre 2014

A-    Novedades jurisprudenciales

 

1-      Sistema Integrado Previsional Argentino. Ex régimen de capitalización. Inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425. Afectación al principio de propiedad.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos caratulados: “Villareal, Mario Jesús c/ PEN-PLN y Máxima AFJP s/ Amparo” declaró la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425, el cual consagra el derecho de los afiliados que hubieran realizado aportes voluntarios al derogado régimen de capitalización, a transferir esos fondos a la ANSES para mejorar su haber previsional o bien, a transferirlos a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que hayan modificado su objeto social para ese fin.  En consecuencia, el Máximo Tribunal de la Nación ordenó la restitución de las sumas aportadas por el actor al referido sistema.

 


 

El actor, interpuso acción de amparo contra el (i) Poder Ejecutivo Nacional, (ii) el Poder Legislativo y (iii) Máxima AFJP, por medio del cual solicitó la restitución de los importes depositados en concepto de aportes voluntarios en su cuenta de capitalización individual. A tal efecto peticionó se declare la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425 por resultar violatorio de su derecho de propiedad, toda vez que su falta de reglamentación le impidió al actor ejercer la opción prevista en la normativa

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había revocado la sentencia de primera instancia, rechazando así la acción de amparo incoada, por considerar que en los hechos no existió vulneración a derecho constitucional alguno, toda vez que la disponibilidad de los fondos ingresados al sistema de capitalización se encontraba sujeta a las condiciones establecidas por el plexo legal aplicable, sin que se encontrara prevista la devolución en efectivo pretendida por el accionante. Ante dicha circunstancia, el actor interpuso recurso extraordinario federal, el cual fue concedido por la Cámara.

 

De esta forma, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideraron que la falta de una adecuada reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del artículo 6 de la Ley N° 26.425, le provocó al accionante la imposibilidad manifiesta de acceder a los fondos ingresados al sistema de capitalización. Dicha situación conllevó a que el Estado Nacional se enriqueciera a costa del actor sin causa legal que lo justificara, toda vez que los aportes realizados al régimen de capitalización quedaron en poder del Estado.

 

Adicionalmente manifestó la Corte que la autoridad pública tenía un claro mandato legal a reglamentar adecuadamente el artículo 6 de la Ley N° 26.425, circunstancia que fue desoída por un tiempo considerablemente irrazonable desde la promulgación de la norma en diciembre de 2009.

 

Así las cosas, la mayoría de los integrantes de la Corte reconocieron que: “…sólo resulta posible en el caso remediar la violación de los derechos particulares, declarando la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 26.425 en razón de su inoperatividad atento a que la Administración omite expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Corresponde, en consecuencia, la devolución de los fondos oportunamente depositados como única manera de enmendar la situación de omisión normativa que ha causado la violación de los derechos constitucionales de la parte actora…”

 

2-      Asociaciones sindicales. Sindicato simplemente inscripto. Falta de personería gremial. Tutela sindical revisor de cuentas suplente.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos caratulados: “Codina, Héctor c/ Roca Argentina S.A. s/ L. 23551” revocó el fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el cual había negado al actor la protección especial prevista en la Ley N° 23.551, con motivo a que el accionante se había desempeñado como revisor de cuentas suplente de un sindicato simplemente inscripto.

 

Con motivo al despido injustificado, el actor  inició demanda reclamando el pago de la indemnización agravada establecida en el artículo 52 de la Ley N° 23.551, reconocida sólo para delegados de asociaciones sindicales con personería gremial.

 

El reclamo del actor fue rechazado en primera instancia bajo el argumento de que la ley de asociaciones sindicales no ampara a los dirigentes de los sindicatos simplemente inscriptos ya que solamente contempla la protección especial –materializada en una indemnización agravada- para quienes pertenecen a las asociaciones que gozan de personería gremial. El actor al apelar el fallo, sostuvo que el privilegio otorgado por la Ley N° 23.551 sólo a las asociaciones sindicales con personería gremial resulta inconstitucional. La Cámara rechazó la apelación sosteniendo que en el escrito de demanda no se había cuestionado expresamente la validez constitucional del régimen establecido por la ley de asociaciones sindicales.

 

La posición mayoritaria de la Corte revocó las decisiones de las instancias inferiores y remitió al precedente “Rodriguez Pereyra”, donde el Máximo Tribunal sostuvo que aunque en la demanda no se haya formulado una petición expresa, los tribunales siempre tienen el deber de declarar la invalidez de aquellas normas legales que se opongan a la Constitución Nacional.

 

3-      Derecho a la libertad religiosa. Facultad de organización y dirección de la empresa. Justificación de despido indirecto.

 

La Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en autos caratulados: “B.R.E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.) s/ Despido” resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la demandada contra la sentencia de Primera Instancia que hizo lugar parcialmente la demanda promovida por la actora.

 

El Tribunal entendió que resultó justificado el despido indirecto en el que se colocó la accionante como respuesta a las sucesivas suspensiones sin goce de haberes que le aplicó su empleadora con fundamento en la negativa de la actora a prestar servicios durante los días sábados, en virtud de su adscripción a la “Iglesia Adventista del Séptimo Día”, culto según el cual no les está permitido a sus fieles por mandato bíblico trabajar desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado.

 

Los integrantes de la Suprema Corte Provincial resolvieron que el recurso de inaplicabilidad de la ley debía ser desestimado toda vez que en la sentencia recurrida se efectuó una prudente valoración de las causales invocadas para denunciar el contrato de trabajo por parte de la trabajadora.

 

Así las cosas, los magistrados consideraron que el conflicto suscitado entre las partes tuvo como núcleo central una situación que confrontaba el derecho a la libertad religiosa por un lado y las facultades del empleador de organización y dirección de la empresa, por el otro.

 

Los magistrados merituaron que del intercambio telegráfico mantenido entre las partes, surge que la actora en reiteradas oportunidades objetó la exigencia de su empleador de trabajar los días sábados por motivos religiosos, no obstante lo cual, ofreció alternativas que suplieran su negativa de modo de no afectar la actividad empresarial de la empresa demandada.

 

En concreto, los magistrados sostuvieron que el Estado ha dictado distintas leyes que consagran el derecho de observar días de descanso, de celebrar o conmemorar festividades y ceremonias de acuerdo con los rituales religiosos mayoritarios. Consideraron que ello permite concluir que del ordenamiento jurídico nacional se desprende el respeto por la creencia de que determinados días de la semana o fechas deben ser exclusivamente dedicados al descanso para los creyentes de determinadas religiones. Asimismo consideraron que si bien es cierto, que el Estado no ha dictado normativa alguna que regule el caso de los adeptos a la Iglesia Adventista, podría decirse que aquél se ha inclinado en aceptar tales prácticas.

 

Así las cosas, entendieron que el hecho de exigirle a la trabajadora que preste tareas los días sábados conlleva a que el empleador tenga que demostrar la existencia de circunstancias particulares que la eximan de respetar su libertad religiosa, circunstancia que en autos no fue debidamente acreditada. Se sostuvo que: “…a la demandada le correspondía cargar con la prueba de que la presencia y prestación de tareas por parte de la actora le resultaba insustituible o de que, ante el conflicto de derecho suscitado, su interés resultaba superior o prioritario y que, en función de ello, debía ser restringida la libertad de la trabajadora”, circunstancia que en el expediente no fue debidamente acreditada por la demandada.

 

B-    Novedades normativas

 

1-      Riesgos del Trabajo. Aseguradoras de riesgos del trabajo y empleadores autoasegurados.

 

(i) El 09 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Disposición N° 5/2014 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por medio de la cual se creó el procedimiento para que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (“ART”) y los empleadores autoasegurados remitan, a través de los servicios web publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la información en el marco de los trámites que deban intervenir las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.

 

(ii) El 11 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución N° 3.326/2014 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a través de la cual se creó el “Registro Nacional de Accidentes Laborales” (“RENAL”) ante el cual las ART y los empleadores autoasegurados deberán denunciar los accidentes de trabajo que padezcan sus asegurados. Adicionalmente se aprobaron los procedimientos para la denuncia y para la solicitud de baja de accidentes de trabajo al RENAL. Las disposiciones contenidas en la Resolución, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

 

2-      Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Otorgamiento de jerarquía constitucional.

 

El 22 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.044 por medio de la cual se le otorgó jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22) de la Constitución Nacional a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378. La Convención, en su artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral inclusivo y accesible.

 

Quedamos a disposición de Uds. por cualquier consulta o aclaración sobre el particular.

 

Saludos cordiales,

                                Pablo Mastromarino

Decreto N° 152/2015

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que en el día de la fecha ha sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto N° 152/2015, mediante el cual se incrementa por única vez el importe de la deducción especial aplicable a las rentas por el trabajo personal en relación de dependencia hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente al año 2015.

Dicha disposición resulta aplicable exclusivamente para los empleados cuya mayor remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de julio a diciembre de 2015, no supere la suma de $ 30.000 (Pesos Treinta Mil).

La norma dispone que este beneficio deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes que se extiendan para el pago del sueldo anual complementario, a cuyo efecto los empleadores identificarán el importe respectivo bajo el concepto “Beneficio Decreto N° 152/2015”.