Reglamentación Ley N°27.506

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Reglamentación Ley N°27.506

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REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

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Con fecha 16 de octubre de 2019, se aprobó la reglamentación de la Ley 27.506 mediante el Decreto N°708/2019 (el “Decreto”), el cual ha entrado en vigencia en el día de su publicación en el boletín oficial. El Decreto tiene como finalidad poner en funcionamiento el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” (el “Régimen”) y así difundir en toda la República Argentina aquellas actividades económicas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología, el capital humano altamente calificado y el aumento de la productividad.

Específicamente, la Ley 27.506 que creó el Régimen (en adelante “Ley EDC”), sancionada el 22 de mayo de 2019, ha incorporado fuertes beneficios tributarios y fiscales para impulsar la industria de la Economía del Conocimiento en nuestro país, entre los cuales se encuentran: (i) alícuota reducida en el impuesto a las ganancias; (ii) estabilidad fiscal; (iii) reducción de costos laborales; (iv) beneficios financieros; y (v) alivio fiscal para exportadores, por lo que la reglamentación de la norma era menester para su correcta implementación y aplicación.

Atento a ello, el Decreto viene a reglamentar la Ley EDC aunque, por el momento se han dejado algunas cuestiones pendientes de definición. Entre los principales temas abordados por el Decreto, se pueden identificar: (i) los sujetos alcanzados por el beneficio, (ii) la delimitación de las “actividades promovidas”; (iii) los beneficios otorgados a los beneficiarios del Régimen y las obligaciones a su cargo; (iv) las facultades de verificación y control del Ministerio de Producción y Trabajo (en adelante “Autoridad de Aplicación”), (v) las sanciones previstas ante el incumplimiento de obligaciones a cargo de los beneficiarios; y (vi) el tratamiento de aquellas personas jurídicas que hubieran accedido a los beneficios de la Ley N° 25.922 (Régimen de Promoción de la Industria del Software). 

 

  1. SUJETOS ALCANZADOS – REQUISITOS

 

La Ley EDC y su reglamentación especifican las personas jurídicas que podrán acceder a los beneficios del Régimen. En esa línea, en el Art. 2 de la Ley EDC se listan las “actividades promovidas” por el régimen: (1) Software y servicios informáticos y digitales; (2) Producción y postproducción Audiovisual; (3) Biotecnología, neurotecnología  ingeniería genética, (4) Servicios geológicos y de prospección; (5) Inteligencia artificial, robótica e internet de las cosas; (6) Servicios profesionales de exportación; (7) Nanotecnología y nanociencia; (8) Industria aeroespacial y satelital; y (9) Actividades de Ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental. Si bien la enumeración es taxativa, la norma faculta al Poder Ejecutivo Nacional para ampliar las actividades en virtud de nuevas tecnologías emergentes. 

Asimismo, según lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley EDC, solo podrán acceder al Régimen aquellas personas jurídicas que se encuentren comprendidas en el inciso a) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que estén constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar en el país, y que desarrollen dentro del territorio, como “actividad principal” alguna de las “actividades promovidas”. En ese sentido, el Decreto define la “actividad principal” como aquella que comprenda el 70% de la facturación anual de la persona jurídica resultante de una actividad promovida o con la sumatoria de dos o más de ellas. Asimismo, establece que cuando la sumatoria o la totalidad de actividades para alcanzar la actividad principal incluya los servicios profesionales previstos en el inciso e) del artículo 2º de la Ley EDC (servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación), esos servicios sólo podrán computarse siempre que el 70% de la facturación total, o el 45% del total de la facturación si se tratare de una micro o pequeña empresa, corresponda a exportación de servicios profesionales prestados al exterior.

Si bien la Ley EDC enumera en su Art. 4, los requisitos para otorgar el beneficio a aquellas personas jurídicas que comprendan como actividad principal las previamente enunciadas, el Decreto delimita su alcance y condiciones, debiendo los solicitantes cumplir con al menos dos de los siguientes requisitos: 

(a) Realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos debiendo la Autoridad de Aplicación determinar los mecanismos admisibles para su acreditación y certificación aplicable o admisible;

(b) Erogaciones en: (i) investigación y desarrollo (I+D) de sus actividades promovidas, considerándose cuando representen al menos el 3% de la facturación total del período en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación, pudiendo realizarse las mismas mediante el propio vehículo o a través de Organismos Públicos, Universidades o Institutos de Ciencia y Tecnología públicos. Será la Autoridad de Aplicación la que asimismo determine, de tiempo en tiempo, las actividades que no podrán considerarse I+D para el cumplimiento de este requisito; (ii) capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas en un mínimo de 8% de la masa salarial bruta, en los términos y plazos que determine la Autoridad de Aplicación. Al respecto, no podrá considerarse para el cómputo de la masa salarial bruta los regímenes laborales especiales regulados por los Capítulos II, III y IV del Título III de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones, por la Ley N° 22.250 y sus modificatorias, las modalidades de trabajo temporario previstas en la Ley N° 26.727 y su modificatoria, la changa solidaria prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 62/75 y el personal no permanente de hoteles previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 362/03. La Autoridad de Aplicación establecerá, de tiempo en tiempo, qué tipo de capacitaciones serán válidas a los fines de computar el gasto referido en el punto (ii). 

(c) Realización de exportaciones de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas de, al menos, un 13% de la facturación total correspondiente a esas actividades, entendiéndose cumplido este requisito siempre que los servicios sean facturados con Factura tipo E, o el comprobante que lo reemplace a futuro. 

En el caso de las las microempresas, para calificar como beneficiarios de la Ley EDC, siempre y cuando tengan una antigüedad menor a 3 años, únicamente se les exigirá acreditar que (i) se desarrollan en el país; (ii) por cuenta propia; y (iii) ejercen como “actividad principal” alguna de aquellas actividades previamente listadas correspondientes al Art. 2 de la Ley EDC. Finalizado el plazo de 3 años desde el inicio de sus actividades o en caso de “abandonar” su condición de microempresa conforme la Ley 24.467 (lo que ocurra primero), deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos del Art. 4  de la Ley EDC o solicitar la baja del beneficio. El Decreto establece que dicha baja no comprenderá la obligación de devolver los beneficios devengados aunque en caso de no solicitarse la misma, el beneficiario será pasible de sanciones, según lo previsto en el Art. 15 de la Ley EDC.

Máxime, aquellas personas jurídicas que al momento de aplicar al beneficio no hubieran realizado facturación alguna, podrán acceder al Régimen previa declaración jurada de su actividad principal y demostrando que al menos el 70% de sus empleados en relación de dependencia y su masa salarial bruta (con las exclusiones referidas en el apartado b.ii anterior) están afectados a dicha actividad. 

  1. INSCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

A los fines de otorgarse el beneficio los solicitantes deberán inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (en adelante el “Registro”), debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos detallados anteriormente en los últimos 6 meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud respectiva, debiendo acreditar el normal cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales.

Una vez otorgado el beneficio, el Decreto enuncia que la Autoridad de Aplicación verificará anualmente que el sujeto mantenga el cumplimiento de las condiciones previstas para su otorgamiento. En caso de verificarse modificaciones, el beneficiario deberá dentro de los 30 días hábiles de ocurrida la modificación informar la misma a la Autoridad de Aplicación que verificará la información a los fines de mantener el beneficio y su inscripción en el Registro. 

Para aquellas personas jurídicas que hayan adquirido un beneficio mediante el Régimen de Promoción de la Industria del Software, aun se encuentra pendiente el dictado de la normativa complementaria por parte de la Autoridad de Aplicación para la formalización del traspaso de los beneficiarios de dicho régimen, los cuales deberán manifestar su voluntad de continuar en el régimen presentando su respectiva solicitud de adhesión, la cual no se ha especificado hasta el momento.

La Autoridad de Aplicación se expedirá respecto de la solicitud de inscripción con expresa mención a los rubros en virtud de los cuales el beneficiario pretende acceder a los beneficios estipulados en la Ley EDC.

  1. BENEFICIOS Y OBLIGACIONES

Alícuota reducida en el impuesto a las ganancias 

A los beneficiarios de la Ley EDC les será aplicable una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, siempre que mantengan su nómina de personal y no exista reducción del nivel de empleo mayor del 10% (diez por ciento) con relación al promedio de trabajadores de los últimos 6 meses declarados al momento de la solicitud de inscripción en el Registro. No se considerará que se ha reducido la nómina siempre que la reducción del personal ocurriera por las siguientes causales de extinción contractual: período de prueba, voluntad concurrente de las partes o mutuo acuerdo, vencimiento del plazo cierto, cumplimiento del objeto o finalización de obra, renuncia, abandono de trabajo, despido con justa causa, incapacidad absoluta, inhabilitación, jubilación ordinaria, o muerte del trabajador. 

En todos los supuestos el beneficiario deberá acreditar, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, la recomposición de la plantilla con nuevas contrataciones de personal dentro de los 180 días corridos desde que se produzca la reducción.

Estabilidad fiscal 

Los beneficiarios de la Ley EDC no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional, determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro, durante la vigencia del mismo. Dicha estabilidad alcanza a todos los tributos nacionales (es decir, impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas), como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación. El beneficio podrá extenderse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y municipios en la medida que se adhieran a la Ley EDC. 

Reducción de los costos laborales

En términos de contribuciones patronales, los beneficiarios gozarán (i) de una detracción equivalente al monto máximo previsto en el artículo 4° del Decreto N° 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, por cada trabajador en relación de dependencia debidamente registrado; y (ii) de un bono de crédito fiscal transferible por única vez del 1,6% sobre el monto de contribuciones patronales que les corresponde pagar en función de lo dispuesto en el inciso (i), imputable al impuesto a las ganancias e I.V.A., que estará disponible en el sistema de incentivos fiscales de la AFIP, a partir del intercambio de información entre la Autoridad de Aplicación.

El Decreto establece que el beneficio podrá aplicarse respecto a todos los empleados en relación de dependencia a partir del ejercicio fiscal en el cual hubiera sido otorgado el mismo por el Registro. Asimismo, el Decreto establece que el bono de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al Régimen y, en ningún caso los saldos a favor darán lugar a reconocimiento o reintegros por destinos o finalidades distintas a las establecidas en el artículo 9° de la Ley EDC. 

Beneficios Financieros

Los beneficiarios del Régimen no estarán sujetos a retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado, debiendo AFIP otorgarle la constancia de no retención prevista, a partir de la inscripción del beneficiario en el Registro.

Alivio fiscal para exportadores: pago a cuenta del impuesto a las ganancias

Los beneficiarios del Régimen podrán deducir, en virtud de las actividades promovidas, un crédito por los gravámenes pagados o retenidos en el exterior cuando se trate de ganancias de fuente argentina. El referido cómputo procederá hasta el límite del incremento de la obligación tributaria originado por la incorporación de esas ganancias.

Por otro lado, la Ley EDC también establece obligaciones en cabeza de los beneficiarios, debiendo los mismos: (i) aportar anualmente un monto equivalente de hasta 1,5% de los beneficios fiscales establecido por esta Ley al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (“FONDCE”); y (ii) abonar una tasa a la Autoridad de Aplicación para solventar sus tareas de verificación y control, la cual no podrá exceder del 4% del monto de los beneficios fiscales establecidos por la Ley EDC a favor de los beneficiarios. 

En ese sentido, a los fines de concretar el efectivo aporte al FONDCE, el Decreto establece que será la Autoridad de Aplicación quien determinará el modo de calcular el monto a abonar, sus plazos y demás cuestiones que fueran necesarias, debiendo efectivizarse el aporte de forma anual.  En caso de incumplimiento en las formas y tiempos del pago, se aplicarán las sanciones previstas en el Art. 15 de la Ley EDC.

 

  1. CONCLUSIONES

 

De lo expuesto anteriormente, el Decreto N°708/2019, viene a reglamentar parcialmente la Ley EDC, dando precisiones respecto de algunos temas, sobre todo respecto de los potenciales beneficiarios de la normativa, las “actividades promovidas” y los requisitos para aplicar al beneficio conforme lo establecido por el Régimen. Por otro lado, el presente Decreto otorga mayor claridad a los alcances de los beneficios del Régimen, en relación a la alícuota reducida al impuesto a la ganancia, la reducción de los costos laborales y determinación del uso del bono del crédito fiscal, entre otras cosas.

Sin embargo, la reglamentación no ofrece hasta el momento un panorama clarificador en relación al traspaso de aquellos beneficiarios comprendidos en el Régimen de Promoción de la Industria del Software y no ofrece mayores especificaciones para la determinación del aporte de los beneficiarios al FONDCE. Asimismo, queda por clarificar cuestiones vinculadas a la acreditación de erogaciones para poder cumplir con uno de los requisitos exigidos para acceder al Régimen, a saber: las actividades que no podrán considerarse I+D, así como el tipo de capacitaciones que serán válidas a los fines de computar el gasto en capacitación de empleados.

Manuel Tanoira, Lucía Rivas O’Connor, Gustavo Gonzalez Clement 

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